La salud pública en Paraguay ha llegado a un punto de quiebre absoluto que ya no admite discursos optimistas, paños tibios ni promesas a largo plazo. Lo que durante meses se intentó minimizar desde los despachos oficiales hoy se traduce en una realidad insoportable y profundamente dolorosa: cientos de médicos especialistas han decidido renunciar de forma masiva tras el fracaso rotundo de las negociaciones con el Gobierno Nacional.
Mientras las autoridades parecían más enfocadas en mantener una burbuja de desconexión y una imagen de normalidad siendo partes del Mundial de Rally en Encarnación, los hospitales del país comenzaron a vaciarse de sus profesionales más capacitados.

Las dimisiones de cirujanos infantiles, terapistas y neurocirujanos es el grito desesperado de un plantel que lleva más de una década con los salarios congelados, trabajando en condiciones deplorables, sin insumos básicos y lidiando a diario con pasillos colapsados donde la falta de una jeringa, una gasa, un suero o un medicamento oncológico marca la delgada línea entre la vida y la muerte.
Más de 400 médicos abandonan los hospitales: el mapa del vaciamiento sanitario
La crisis escaló de manera drástica luego de que las conversaciones entre el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y los médicos llegaran a un callejón sin salida. Los profesionales exigen que su salario básico pase de los precarios G. 5 millones actuales a G. 8 millones por vínculos de 12 horas, un reajuste elemental que busca compensar la brutal pérdida del poder adquisitivo sufrida desde el año 2012.

Ante la negativa gubernamental y la falta de respuestas tangibles, la respuesta del gremio fue contundente y materializada en documentos oficiales. En un primer bloque de renuncias formales presentadas ante Salud Pública, que tiene como titular a María Teresa Barán, se registraron 197 dimisiones, abarcando áreas sumamente críticas, complejas e irremplazables para el sistema sanitario:
- Terapia Pediátrica en el Hospital Acosta Ñu: 41 renuncias.
- Terapia Pediátrica en el Hospital Nacional de Itauguá: 24 renuncias.
- Terapia Pediátrica en el Hospital del Trauma: 19 renuncias.
- Terapia Pediátrica en Ciudad del Este: 12 renuncias.
- Instituto de Medicina Tropical: 6 renuncias.
- Terapia Pediátrica Cardiológica del Hospital Acosta Ñu): 11 renuncias.
- Anestesiología del Hospital de Acosta Ñu: 21 renuncias.
- Traumatología Pediátrica del Hospital de Trauma: 4 renuncias.
- Neurocirugía: 19 renuncias.
- Cirugía Pediátrica: 40 renuncias en total.
A estos números alarmantes se suman reportes preliminares que superan las 234 renuncias pendientes de mesa de entrada en el Ministerio de Salud, incluyendo la pérdida de planteles enteros en hospitales distritales y regionales de gran peso. El número total de renuncias confirmadas al cierre de esta nota es de 431 médicos.
- Hospital San Pablo (Neonatología): 37 renuncias.
- Hospital Barrio Obrero: 26 renuncias.
- Hospital de Trinidad: 20 de 20 renuncias (total del plantel).
- Hospital de Itauguá: 44 renuncias.
- Calleí / San Lorenzo: 29 renuncias.
- Hospital de Luque: 18 renuncias.
- Hospital de Villa Elisa: 18 renuncias.
- Hospital de Caacupé (Neonatología): 18 renuncias.
- Pedro Juan Caballero (Neonatología): 5 renuncias.
- Hospital Regional San Ignacio Misiones: 10 de 10 renuncias (total del plantel)
- Hospital Santa Rosa, Misiones (Neonatología): 9 de 11 renuncias.
- Instituto Nacional de Cáncer (Incan): sin número de número.
Acompañado por la doctora Rossana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), el doctor Roberto Riveros, secretario gremial de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, advirtió que los profesionales ya no encuentran las condiciones mínimas para seguir trabajando.
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Los referentes gremiales estiman que la cifra total de dimisiones escalará hasta alcanzar las 600 bajas en todo el país antes de que finalice la semana, un golpe letal que ningún sistema de salud, por más robusto que pretendiera ser, podría soportar.
Promesas vacías y la fría distancia del Gobierno ante el dolor en las salas de espera
Desde el Poder Ejecutivo y las carteras de Estado, la reacción ha estado marcada por una preocupante desconexión con la gravedad de la crisis. Durante una conferencia de prensa realizada esta tarde en Mburuvicha Róga, se insistió en la futura implementación de un plan de carrera sanitaria, un proyecto largamente postergado y que los médicos aseguran no resuelve el ahogo financiero actual.
“Nosotros reconocemos que existe muchas deudas históricas en salud, deudas en recursos humanos, en infraestructura, en insumos y medicamentos. Pero también tenemos que reconocer que estamos haciendo un trabajo estructural y buscar ese cambio en toda la estructura del Ministerio de Salud (...) En la agenda está mejorar el sistema de salud”, expresó la ministra Barán al tiempo de recordar que actualmente, el gobierno de Santiago Peña tiene como prioridad la construcción de siete grandes hospitales.
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Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, intentó calmar las aguas anunciando mayores proyecciones presupuestarias para el 2027, como un incremento significativo destinado a la compra de medicamentos y la ampliación de fondos para el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Lovera precisó que el presupuesto en salud para el año que viene será de US$ 760 millones para la adquisición de medicamentos, que representa un incremento de US$ 260 millones en comparación al 2026. Aseguró que este monto no incluirá las deudas que se tiene con las proveedoras, a las que aseguró se le dará “un tratamiento diferencial para la cancelación”. En el caso del Incan, mencionó que pasará de US$ 110 millones a US$ 195 millones para 2027.
“Esto es una muestra real de que estamos apostando a la salud pública como una prioridad para esta administración”, aseveró Lovera.
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Asimismo, el jefe de gabinete del Ejecutivo, Javier Giménez, reafirmó la postura oficial de priorizar cualquier aumento salarial bajo estrictos criterios de meritocracia y carrera médica. “Si vamos a incursionar en aumento salarial, que siempre sea en un sistema de meritocracia, llevar a consideración los años de estudio, la especialidad (...)”, dijo.

Mientras, los pacientes y sus familiares que continúan pagando el precio más alto en los pasillos de los hospitales, coinciden en que las proyecciones financieras a futuro no sirven para curar al enfermo que agoniza hoy en una sala de espera. Cada día, las familias se ven obligadas a realizar polladas, rifas y colectas desesperadas mientras el Gobierno debate tecnicismos presupuestarios.
Pacientes atrapados sin salida: cuando la falta de insumos y médicos sentencia vidas
El impacto de este éxodo médico va mucho más allá de la simple firma de un documento de preaviso administrativo. Reemplazar a un cirujano pediátrico, a un neurocirujano o a un terapista intensivo toma años de rigurosa formación especializada y experiencia en el campo, recursos humanos con los que Paraguay simplemente no cuenta actualmente.
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A las renuncias presentadas ante el Ministerio de Salud, se suma otra preocupante situación: jefes de hospitales referencia en atención médica han puesto sus cargos a disposición, mostrando así total apoyo a las exigencias médicas. Los directores de hospitales emblemáticos como el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) —como director general Miguel Ferreira y al director médico Ángel Asoya— han puesto sus cargos a disposición junto a los jefes de todos los departamentos, al reconocer que ya no pueden sostener la operatividad de los servicios con planteles diezmados y biblioratos repletos de pedidos insatisfechos de reposición de personal. Afirmaron que las guardias se sostienen transitoriamente por pura inercia y vocación de servicio de los profesionales que aún permanecen, pero el margen de seguridad para los pacientes se ha evaporado por completo.

La situación se torna aún más crítica al analizar las denuncias cruzadas y el desgaste institucional. Mientras gremios enteros denuncian persecuciones, hostigamiento laboral y campañas de desprestigio en redes sociales a través de perfiles falsos contra figuras como la doctora Rossana González de Sinamed, las autoridades sanitarias intentan ganar tiempo apelando a los plazos legales de preaviso de los renunciantes.
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Los médicos han sido claros: no dejarán a los niños abandonados en las terapias, pero una vez cumplidos los plazos administrativos, los servicios comenzarán a cerrar de manera irremediable ante la falta de especialistas.
