Comisión “Pelota tatá” es el nombre dado por diputados opositores y colorados disidentes a la comisión permanente de Peticiones, poderes y reglamentos de Diputados por el hecho de que es ahí donde la aplanadora cartista y sus satélites patean cualquier proyecto de declaración o pedido de informes sobre escándalos y sospechas “candentes” para el gobierno de Santiago Peña o para los intereses de propios Diputados en sus feudos.
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Solo en lo que va del año (3 de abril que retornaron del receso parlamentario) la mayoría cartista y sus satélites (bancada ANR, B) han cajoneado 37 pedidos de informes y declaraciones, atentando contra una de sus más básicas atribuciones constitucionales, como la de pedir informes a otros poderes del Estado.
“Ya me imagino que esto se va a enviar a la ‘Comisión Pelota tatá’“, había dicho en la sesión del 14 de abril pasado la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), acuñando el término que luego varios de sus otros colegas adoptaron para referirse a la práctica cartista de convertir en una morgue de pedidos de informes la comisión de Peticiones.
La situación se volvió tan insostenible, que, en plena sesión del pasado martes 12 de mayo, los diputados Raúl Benítez (Independiente), Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) y Leidy Galeano (Yo Creo) realizaron una sentata en la sala de sesiones con carteles de protesta contra la censura a pedidos de informes.
La protesta pareció tener un mínimo efecto, ya que en la pasada sesión “solo” se censuraron tres pedidos de informes. En este caso, casi por ensañamiento, ya que los cartistas volvieron a bloquear un pedido para que el ministro de Educación y Ciencias (MEC), Luis Fernando Ramírez informe sobre cuestionados nombramientos hechos a inicios de año, que a cada rechazo e intento de ocultamiento suman un fuerte hedor a corrupción.
“Cuento esto porque me parece un poco simpático. Me decía (la diputada Dalia Estigarrbia): ‘No vayas a mencionar el pedido de informes que haces, porque sino ahi van a pedir que vaya a comisión’. Y cuando escucharon ahí pidieron que vaya a comisión, sus asesores no estaban muy atentos ahí por lo visto, van a tener que llamarle la atención”, había comentado ironizando el diputado Pedro Gómez (PLRA) en una sesión pasada.
El principal protegido es el presidente de la República, Santiago Peña y sus subalternos directos (ministros y presidentes de entes), a quienes los diputados cartistas non permiten “molestar” ya sea para explicar cuestiones básicas como el acuerdo para recibir en nuestro país a migrantes rechazados por el Gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos de América, o cuestiones más escandalosas como el posible financiamiento con dinero estatal de una “campaña sucia” para atacar a opositores, disidentes, medios de prensa y periodistas críticos.
La práctica además está cargada de hipocresía por parte del cartismo, ya que la aplanadora cómplice se encargó de rechazar cualquier pedido de informe o resolución contra el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Magno Brítez. Pero finalmente resultó que tras “haber sido renunciado” por Peña, los cartistas hasta aprobaron un proyecto de ley de declaración de situación de emergencia en la previsional.
En realidad, la práctica no es solo de este año, sino que viene acarreándose hace tiempo. Tiene “blancos predilectos”, que son los colorados disidentes y varios opositores.
Entre los más perseguidos se encuentran los diputados Diosnel Aguilera, Adrián “Billy” Vaesken (ambos PLRA, Frente Radical), Miguel Martínez (PLRA); los opositores Raúl Benítez (Independiente), Rocío Vallejo (PPQ), Johanna Ortega (Partido País Solidario) y los colorado disidentes Mauricio Espínola y Roberto González (ambos ANR, Añeteté).
Hasta plantearon borrar del mapa el “departamento de Alliana”
“Me han sugerido con buen tino tal vez acá los colegas, presentar un mapa del Paraguay borrando al departamento de Ñeembucú de ese mapa. Pareciera ser que no somos muy bienvenidos con los pedidos para el departamento" había planteado el pasado 12 de mayo el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) ya hastiado de que todos los pedidos para Ñeembucú se le rechacen.
Esto sin importar incluso del fundamento válido que pueda tener el pedido de informe o proyecto de declaración, dejando la impresión de que los cartistas pretenden rechazar todo lo que pueda molestar en el “feudo” del vicepresidente de la República y precandidato a presidente para el 2028 por el cartismo Pedro Alliana.
El “ensañamiento” con Aguilera es aún más incomprensible, ya que es directamente el único representante de Ñeembucú; ya que la diputada cartista y esposa de Alliana, Fabiana Souto es literalmente un cero a la izquierda en gestión legislativa.
Sin exageración alguna (comprobable en el Sistema de Información Legislativa SILPy) Souto desde que asumió en agosto de 2023 en reemplazo del actual director de Yacyretá, Luis Benítez, no presentó ni un pedido de informes, ni ha hecho uso de palabra ni en la etapa de oradores y menos para argumentar algún proyecto.
No es el único caso de defensa a feudos, también se han rechazado recientemente pedido de informes a municipios encabezados por cartistas como el de San Lorenzo, adminstrado por Felipe Salomón, la gestión de Luis Bello en Asunción, entre otros.
Legisladores opositores ya solicitaron informes al presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre para que informe el total de pedidos de informes cajoneados a cada legislador, pero hasta ahora no ha respondido.
Cajoneo incluso tras la aprobación
Precisamente hablando de Latorre y como si no fuera suficiente la estrategia de enviar a la “Comisión Pelota tatá”, el diputado Roberto González (ANR, Añeteté) denunció otra práctica de congelamiento de pedidos de informes ya aprobados por el pleno.
González reclamó a las autoridades de la mesa directiva de Diputados, encabezada por Latorre y sus vicepresidentes 1ª, Hugo Meza (ANR, Aliado cartista) y vice 2º, Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A) que los pedidos de informes aprobados por el pleno no son remitidos a las instituciones de destino, pese a que debería de ser de mero trámite la firma de la resolución y la comunicación a los entes requeridos.
Ese trámite burocrático es el que marca el inicio del plazo de 15 días para que las instituciones respondan a pedidos de informe al Congreso, sin embargo, llamativamente en algunos casos nunca se da.
El mismo reclamó ante un pedido que hizo al MEC, pero también se registraron otros, como el caso de pedidos de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el acuerdo para acoger a migrantes rechazados por los Estados Unidos de América, entre otros.