El Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de cuidar la salud y la jubilación de miles de paraguayos, vive hoy un momento crítico. Más allá de la falta de medicamentos o las largas esperas para una consulta, existe un problema mucho más grave que ocurre puertas adentro: un laberinto de casos judiciales que llevan años sin resolverse, afectando el dinero que pertenece a todos los trabajadores.
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Al cumplirse el primer mes de gestión de Isaías Fretes como presidente del Consejo de Administración, se informó a la prensa que existían 38 procesos penales en marcha. Sin embargo, tras una revisión profunda realizada por las nuevas autoridades, la cifra real es mucho más impactante: se trata de 67 procesos penales activos. Esta situación deja en evidencia la falta de control que hubo durante años sobre cómo se manejan las denuncias y el dinero del instituto.
IPS es “una institución gigante y un problema complejo”
Pablo Morínigo, el actual director jurídico del IPS, quien asumió hace poco más de un mes, explica que el IPS no es una institución cualquiera. Aseguró que es una estructura gigantesca que funciona como una mezcla de varios ministerios y entidades comerciales.
“El IPS es como tener el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, una inmobiliaria y una financiera juntas”, describió el funcionario sobre la enorme complejidad institucional. Esta diversidad, según Morínigo, parece haber servido durante mucho tiempo como una cortina de humo para esconder errores que quedaron olvidados en el tiempo.
La mayoría de estos problemas fueron heredados de administraciones pasadas, y la pregunta que se hacen los actuales funcionarios es constante: ¿Por qué nadie hizo nada antes?. Al observar esta situación, Morínigo admitió con frustración: “donde miramos hay problemas, y siempre la pregunta es ¿por qué no se hizo esto? ¿por qué no se hizo aquello? Son misterios sin resolver”.
Una década de espera: casos sin resolver desde el 2016
La lentitud con la que avanza la justicia es preocupante. Un proceso judicial que tarda años en resolverse no solo es una falta de eficiencia, sino una forma de impunidad. Cuando un caso pasa años sin una sentencia, las pruebas se pierden, el dinero no se recupera y los responsables terminan sintiéndose intocables.
“Estamos interiorizándonos de cada caso”, aseguró Morínigo, quien asumió en el cargo el pasado 21 de mayo, en reemplazo de Enrique Galeano Moreno, quien interinó el cargo brevemente, luego de que el exdirector José “José’i” González Maldonado, renunciara en marzo. González actualmente es investigado por la Fiscalía por supuesta lesión de confianza y un presunto enriquecimiento ilícito tras graves denuncias administrativas.
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Para entender la magnitud del abandono, basta con mirar las fechas. El expediente más antiguo de toda la lista es del año 2016: la Causa Nº 80, caratulada como “Personas innominadas s/ hecho punible a determinar (BONOS – AFD)”. Es difícil de creer que, tras diez años, el sistema de justicia no haya podido cerrar este capítulo, dejando en vilo un tema que involucra bonos del seguro social.
Según los documentos compartidos por la Dirección Jurídica, el año con la mayor cantidad de casos registrados en la nómina es el 2024, con un total de 25 causas iniciadas. Este año concentra el volumen más alto de actividad dentro del periodo analizado, seguido por el 2025 con 18 casos.
En lo que respecta al 2026, existen ocho causas registradas actualmente. Recordemos que Jorge Brítez inició gestión en agosto del 2023, con el actual gobierno de Santiago Peña y, renunció en abril del 2026.
Desde el año 2016, el IPS ha tenido los siguientes presidentes:
- Benigno López: Ejerció la presidencia desde el 2014 hasta el 2018.
- Armando Rodríguez: Ocupó el cargo durante el periodo 2018 – 2019.
- Andrés Gubetich: Se desempeñó como presidente entre el 2019 y el 2021.
- Vicente Bataglia: Estuvo al frente de la institución desde el 2021 hasta el 2023.
- Jorge Brítez: Presidió el ente desde el 2023 hasta el 2026.
- Isaías Fretes: Asumió el mando en abril de 2026 y es quien ejerce la presidencia actualmente.
Durante su entrevista con ABC, Pablo Morínigo señaló que el caso más importante por su relevancia es el relacionado con la Unión de Patronales. El director explica que, en este proceso, se falsificaron datos de patronales, alterando números de identificación para ocultar deudas y así permitir que las empresas obtuvieran certificados de cumplimiento o participaran en licitaciones. Sobre este caso, el abogado enfatizó: “el peligro está en que se pudo hacer eso. Nosotros tenemos que verificar cómo se pudo hacer, quién lo hizo para perseguir, y segundo, corregir para que no se pueda hacer más”.
¿Cómo medir cuánto dinero perdió IPS?
Un punto donde el IPS suele fallar es al intentar calcular cuánto dinero perdió realmente. El director jurídico advierte que no se debe confundir el valor total de un contrato o una licitación con el perjuicio real. Afirmó que a veces se lanzan cifras millonarias a la prensa para mostrar acción, pero luego, al llegar a la Fiscalía, no hay pruebas sólidas, lo que termina desinflando la denuncia. “Va a salir una millonada y va a ser una bomba falsa. Va a ser una información falsa”, advirtió el director sobre los riesgos de dar cifras sin sustento.
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El equipo legal actual busca cambiar esto. Morínigo indicó que prefieren ir paso a paso, asegurándose de que primero se pruebe la existencia de un delito, para luego ver cuánto dinero se perdió y quiénes fueron los culpables. El director jurídico insiste en no presentar denuncias “a la ligera” o por pura apariencia, ya que esto puede ser peligroso y terminar en denuncias falsas que desprestigian a la institución.
Al respecto, el abogado fue tajante: “No podemos nosotros denunciar a la ligera nomás. Para hacer una denuncia tenemos que tener los elementos mínimos, de un grado de certeza mínimo como para poder decir ‘acá hay algo que no podemos dejar pasar’”.
No obstante, según el análisis de las carátulas contenidas en la nómina proporcionada a ABC, existen 25 casos que involucran explícitamente conceptos de índole económica o financiera, tales como estafa, evasión, cohecho, cobro indebido, apropiación o malversación de fondos públicos. Es probable que otras causas en la lista también involucren dinero, pero no se hace referencia explícita a ello en el resumen del nombre de la causa.
Situación de los procesos penales del IPS
Para entender los problemas judiciales del IPS, se pueden clasificar según su naturaleza. En cuanto a las Compras y Licitaciones Públicas, estas representan un nivel de complejidad muy alto, donde el estado promedio es de investigación fiscal estancada.
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Por otro lado, los casos de Cambios de Datos en Aportes tienen un nivel de complejidad medio y actualmente se encuentran en fase de revisión y relevamiento. Finalmente, existen Conflictos Civiles derivados de los casos penales, los cuales poseen un nivel de complejidad alto y se mantienen a la espera de un juicio oral.
Para dejar de lado la parálisis, Morínigo afirmó que el equipo jurídico del IPS ha lanzado una estrategia para el segundo semestre de este año (julio a septiembre). Se trata de una política de “puertas abiertas” y presencia constante en el Ministerio Público. El objetivo es simple: preguntar en qué estado está cada uno de los expedientes y qué necesitan para que el caso se mueva.
”Vamos a hacer una hoja de ruta para este julio y septiembre, para que podamos agendar visitas a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que en un horario, normalmente los viernes, poder dedicar el tiempo de ir al Palacio de Justicia”, sostuvo, dejando claro que será una forma de presión directa para que la justicia deje de mirar hacia otro lado y empiece a dar respuestas.
La verdad sobre los fondos de los trabajadores
Estos 67 expedientes no son solo papeles archivados; son millones de guaraníes que deberían estar pagando jubilaciones o comprando equipos médicos. La falta de reacción ante estos casos sugiere que, durante años, alguien permitió que el sistema fuera manipulado para beneficio de unos pocos, mientras que el trabajador que aporta mes a mes queda en último lugar.
La nueva administración se enfrenta a un desafío enorme. No solo deben limpiar el desorden que encontraron, sino también crear candados en el sistema informático y administrativo para que nadie pueda volver a adulterar documentos, como ocurrió en casos donde se cambiaron datos para ocultar deudas de empresas.
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La confianza de la gente en el IPS se ha desgastado seriamente debido a estos escándalos. La transparencia al publicar esta lista de 67 casos es un primer paso, pero los ciudadanos esperan resultados reales. Si al final del año no se ven avances claros, o si los casos se siguen dilatando, la sensación de impunidad será aún mayor.
Los trabajadores que aportan sus salarios mes a mes merecen saber quiénes fueron los responsables y, sobre todo, recuperar el dinero que fue sustraído o no llegó a las arcas de la previsional mediante maniobras engañosas.