En la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción de este miércoles, la última de este período, concejales repudiaron la patoteada de dirigentes sindicales contra un concejal de la oposición por su postura de rechazo al polémico contrato colectivo de trabajo, firmado por el intendente saliente Luis Bello (ANR-cartista) con los gremios de funcionarios. En respuesta, los ediles aprobaron solicitar informes financieros para frenar supuestos esquemas de usura y extorsión.
Conflicto en la Junta Municipal: sindicatos interceptan al concejal Álvaro Grau
Una turba de menos de cincuenta funcionarios, encabezada por Alberto Gaona, titular del Sindicato de Trabajadores (Sitrama) y Julio Fernández, titular del Sindicato de Empleados (Sinoema), interceptaron este miércoles al concejal Álvaro Grau (PPQ) en los pasillos de la Junta Municipal. Con improperios y gritos de protesta, los manifestantes increparon directamente al edil por su postura en contra del cuestionado contrato colectivo, firmado por estos gremios con el intendente saliente.
La protesta organizada utilizó como fachada la presentación formal de una nota exigiendo auditorías sobre supuestos planilleros en el legislativo municipal. Sin embargo, el trasfondo evidente era amedrentar a uno de los principales impulsores del rechazo al acuerdo laboral, que los sindicatos pretendían que se apruebe antes que asuman los nuevos concejales y la nueva intendenta, Soledad Núñez. Ante la agresividad de la turba, el concejal Grau tuvo que recibir resguardo de efectivos de seguridad y la Policía Nacional, quienes lo escoltaron hasta la sala de sesiones.
El polémico proyecto de contrato colectivo fue devuelto por la Junta Municipal a la Intendencia tras sucesivos intentos del oficialismo por aprobar un dictamen favorable. Esta intención fue calificada por la oposición como una “granada sin seguro” en las manos de Camilo Pérez (ANR-cartista), candidato oficialista a la intendencia, derrotado por la candidata opositora, Soledad Núñez.
Álvaro Grau denuncia extorsión sindical y pide investigar préstamos usurarios
Tras su llegada al recinto legislativo, el concejal Grau expuso con dureza la situación y rechazó las intimidaciones sufridas por parte de los gremios sindicales. “No podemos seguir permitiendo que en nuestra casa vengan a amenazarnos por hacer nuestro trabajo, que quieran patotearnos y que quieran que nos callemos, que sintamos miedo”, dijo.
Grau apuntó directamente contra Julio Fernández y Alberto Gaona,como responsables del “apriete”. “Ustedes no son dueños de la municipalidad. Basta ya con este tema de la extorsión, venir a chantajear, a patotear y a querer infringir miedo. Yo no me voy a callar y no me van a hacer correr”, agregó.
El edil calificó a la cúpula sindical de “extorsionadores” y “pseudo sindicalistas” y los acusó de mantener a sus asociados mediante la fuerza. “La usura es el motor económico de estos sindicatos. Acá hay 6.000 millones de razones. G. 6.000 millones es el monto que se maneja de los descuentos a funcionarios que se transfiere mensualmente a los sindicatos”, expresó.
Grau logró la aprobación unánime de un pedido de informe a la intendencia sobre estos descuentos y transferencias a sindicatos de los últimos 24 meses y su posterior remisión a la Fiscalía de Delitos Económicos. “Hay que desarticular a esta mafia, hay que desfinanciar a esta mafia y hay que cortarle el grifo de la extorsión con la usura que hacen a los funcionarios municipales”, remató.
Concejales de Asunción respaldan postura institucional y exigen fin de privilegios
El concejal Humberto Blasco (PLRA) recomendó a los funcionarios que acompañaron la movilización que “vayan a sus puestos de trabajo y que dejen de escuchar a una dirigencia sindical extraviada, caduca, que lo único que hizo fue defender las atrocidades de sus empleadores. Ellos también perdieron las elecciones”, expresó.
Por su parte, el concejal Pablo Callizo (PPQ) advirtió sobre un inminente cambio de época en la comuna. “Están perdiendo tiempo amenazando y buscando confrontar. Esto se acabó, se vienen nuevos tiempos en la Municipalidad y van a tener que aggiornarse”, dijo.
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A su vez, la concejala Fiorella Forestieri (PLRA) descalificó la actual estructura gremial y abogó por el fin del sometimiento laboral. “Este es un sistema de usura que tiene acogotada a las familias que trabajan en la Municipalidad de Asunción y llegó la hora en la que se va a terminar”, dijo.
En la misma línea, el concejal Nasser Esgaib (ANR-cartista) calificó de irregular el vaciamiento salarial que perjudica de manera sistemática a los trabajadores municipales. César “Ceres” Esobar (ANR-cartista) pidió la apertura inmediata de un sumario para investigar los hechos denunciados por Grau, para identificar a los responsables y sancionar los excesos.
Antecedentes del contrato colectivo y pedido de intervención fiscal
El polémico proyecto de nuevo contrato colectivo de condiciones de trabajo fue impulsado y firmado de forma acelerada (en menos de un mes de negociación) por el intendente saliente Luis Bello con tres sindicatos comunales: Simuca, Sitrama y Sinoema. Concejales de la oposición denunciaron que la iniciativa respondió a una maniobra proselitista previa a las elecciones municipales de octubre, con el fin de comprometer votos a cambio de beneficios.
Días antes de los comicios, la bancada oficialista dejó sin quórum la sesión de la Junta Municipal y la Comisión de Legislación para congelar temporalmente el tratamiento ante la presión mediática y ciudadana. Dirigentes gremiales acudieron a la Junta ejerciendo fuertes medidas de presión para forzar la emisión de un dictamen favorable antes del traspaso de mando, amenazando con paros escalonados y la activación de una huelga general.
Tras las elecciones municipales en las que resultó electa Soledad Núñez, la Junta Municipal aprobó por unanimidad devolver el proyecto a la Intendencia. El dictamen estableció que el acuerdo firmado por Bello quedaba sin efecto y que cualquier negociación futura deberá llevarse a cabo bajo la administración entrante, con la participación de todos los gremios legalmente constituidos.
De acuerdo con las proyecciones de la Dirección de Recursos Humanos de la Intendencia, el contrato representaba un costo adicional para el Presupuesto 2027 de G. 38.767 millones anuales (unos US$ 6 millones por año, superando los US$ 32 millones en un periodo de gobierno). La aprobación habría agravado la asfixia financiera de la comuna, que destina en promedio US$ 121 millones a salarios frente a solo US$ 7 millones en inversión en infraestructura pública.
Desglose pormenorizado por beneficios salariales
Los beneficios que figuran en el contrato colectivo de trabajo que los sindicatos firmaron con Luis Bello, son los siguientes:
- Haber de retiro por jubilación: Aumento de 15 a 20 salarios mínimos vigentes para la jubilación de 927 funcionarios, representando el mayor peso financiero con G. 24.194 millones (62,4% del incremento total).
- Reconocimiento por título profesional: Ajuste en los porcentajes por título universitario (suba del 60% al 65%) y técnico (del 30% al 35%), sumando G. 5.390 millones (13,9%).
- Subsidio médico: Incremento en la tasa de cobertura del 9,5% al 13,5% para 3.403 nombrados, totalizando G. 4.972 millones (12,8%).
- Indemnización por fallecimiento: Duplicación del subsidio por causas ajenas a riesgos laborales (de 10 a 20 salarios mínimos), implicando G. 2.700 millones (7,0%).
- Beneficio por antigüedad: Reajuste escalonado que alcanza hasta el 70% y 100%, acumulando G. 1.510 millones (3,9%).